Ley 20.393: La responsabilidad penal que tienen las personas jurídicas

Qué es la ley 20393

Existen diferentes faltas que son castigadas por la ley y que afectan a las empresas u organizaciones que albergan a los infractores. Te contamos más en este blog.

¿Sabías que las empresas y otras organizaciones pueden ser castigadas por la ley si cometen ciertos delitos? Así es: en Chile existe la ley 20.393, la cual dicta que las organizaciones pueden ser responsables penalmente cuando los empleados cometen una falta en beneficio de ellas.

Dentro de esta norma están contenidos una serie de faltas, las cuales se determinan como delitos imputables para las personas jurídicas.

Esta ley establece cómo se debe investigar y juzgar a las organizaciones que sean acusadas de estos delitos, siguiendo las normas del Código Procesal Penal y las leyes especiales que regulan cada delito. 

La ley 20.393 tiene como objetivo implantar y promover un desarrollo empresarial ético, donde las empresas deban cumplir con las normas legales que garanticen el bienestar del público, de los funcionarios y  de los empleados.

A continuación, te presentaremos cuáles son cada uno de los delitos imputables bajo el marco de esta ley, y la importancia de implementar un modelo de prevención de delitos en las organizaciones, empresas y/o instituciones. 

Delitos imputables bajo la ley 20.393

Lavado de activos

El lavado de activos se refiere a la práctica de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o dinero obtenidos a través de actividades criminales. Las personas jurídicas pueden ser responsables de este delito si están involucradas en transacciones que facilitan el proceso de lavado de dinero.

Financiamiento del terrorismo

El financiamiento del terrorismo implica proporcionar fondos o recursos financieros a grupos terroristas con el fin de apoyar sus actividades violentas. Las personas jurídicas pueden ser consideradas responsables si están involucradas en la transferencia de fondos o la facilitación de recursos que se destinan al terrorismo.

Cohecho a funcionario público nacional e internacional

Este delito implica corromper a funcionarios públicos, tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo sobornos u otros incentivos ilegales para obtener un beneficio indebido. Las personas jurídicas pueden ser responsables si están involucradas en actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.

Receptación

La receptación se refiere a la adquisición, recepción o comercialización de bienes robados, independientemente de si la persona jurídica sabía o no que los bienes eran de origen ilícito. Las empresas pueden ser responsables si están involucradas en actividades que facilitan la recepción de bienes robados.

Apropiación indebida

Implica el uso indebido o la apropiación de los activos de otra persona o entidad sin su consentimiento. Las personas jurídicas pueden ser responsables si están involucradas en prácticas financieras fraudulentas que resultan en la apropiación indebida de activos.

Administración desleal

La administración desleal se refiere a la gestión o administración fraudulenta de los recursos de una empresa u organización, causando daño a los socios o accionistas. Las personas jurídicas pueden ser responsables si sus líderes actúan de manera desleal y perjudican los intereses de la empresa o de sus socios o accionistas.

Corrupción entre particulares

Involucra actos de corrupción llevados a cabo entre individuos o empresas privadas, en lugar de involucrar a funcionarios públicos. Las personas jurídicas pueden ser responsables si están involucradas en acuerdos corruptos con otras empresas o individuos.

Negociación incompatible

Ocurre cuando una persona jurídica realiza actividades comerciales que son incompatibles con sus deberes legales o estatutarios. Esto puede incluir conflictos de interés o prácticas comerciales que violan la ley.

Delitos de la ley de pesca

Estos delitos están relacionados con infracciones a las regulaciones pesqueras, como la pesca ilegal o la sobreexplotación de recursos marinos. Las personas jurídicas pueden ser responsables si participan en actividades pesqueras que violan la ley.

Obtención fraudulenta de prestaciones de seguro de cesantía

Se refiere a la obtención de beneficios de seguro de cesantía de manera fraudulenta, engañando a la entidad aseguradora. Las personas jurídicas pueden ser responsables si están involucradas en actividades que facilitan el fraude en relación con los seguros de cesantía.

Inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia

Implica la violación de las medidas sanitarias impuestas por la autoridad en situaciones de epidemias o pandemias, como el incumplimiento de cuarentenas u otras restricciones. Las personas jurídicas pueden ser responsables si incumplen de manera deliberada estas medidas.

Delitos de la Ley de Control de Armas

Estos delitos se relacionan con la tenencia, tráfico y uso ilegal de armas de fuego, así como cualquier actividad relacionada con armas que viole la ley. Las personas jurídicas pueden ser responsables si están involucradas en la compra, venta o posesión ilegal de armas de fuego.

Delito de trata de personas

Implica la explotación de personas a través de la coerción, el engaño o la fuerza, con fines de explotación sexual, laboral u otras formas de abuso. Las personas jurídicas pueden ser responsables si están involucradas en actividades que facilitan la trata de personas o se benefician de ella de alguna manera.

Importancia de un Modelo de Prevención de Delitos

Modelo de prevención de delitos

Dada la amplia gama de delitos imputables según la Ley 20.393, es esencial que las empresas implementen modelos de prevención de delitos efectivos.

En primer lugar, Chile cuenta con regulaciones y leyes que exigen a las empresas prevenir y detectar delitos financieros y económicos, como el lavado de dinero, el fraude y la corrupción. La no conformidad con estas normativas puede resultar en sanciones legales y multas significativas. Un modelo de prevención de delitos ayuda a la empresa a cumplir con estas exigencias legales y a reducir los riesgos asociados.

Asimismo, la protección de la reputación es crucial en el mundo empresarial. Una buena reputación es un activo valioso que puede abrir puertas y fomentar la confianza de los clientes y socios comerciales. La participación en actividades delictivas puede dañar seriamente la imagen de la empresa. Por lo tanto, un modelo de prevención de delitos contribuye a mantener una reputación sólida y confiable en el mercado.

Además, la implementación de un modelo de prevención de delitos fomenta una cultura organizacional basada en la ética y el cumplimiento de las normativas. Esto no solo crea un ambiente de trabajo más saludable y ético, sino que también promueve la responsabilidad entre los empleados, lo que puede prevenir actividades ilícitas desde dentro de la organización.

En Norte Verde nos sentimos orgullosos de contar con un modelo de prevención de delitos como medida de responsabilidad empresarial y legal. Además de estar comprometidos con el medioambiente, buscamos desarrollar un actuar ético y beneficioso para los funcionarios de nuestra empresa.